Realmente lamento que la pena de muerte por traición a la patria sea sólo en casos de guerra. No basta con la penetración económica y el nada solapa armamentismo de nuestro vecino sureño que además uno que debiera ser de los nuestros nos juega una chanchada de estas. Es normal que los servicios de inteligencia de todos los países hagan esfuerzos por penetrar en información de los posibles rivales o con quienes se tenga algún tipo de interés y una de las formas de reclutar personal es por medio de buscar gente resentida con su sistema, que tenga alguna afinidad ideológica o una necesidad que satisfacer (generalmente dinero), no sé a ciencia cierta, pero me late que lo más fácil de deducir es lo último en este caso, si los congresistas empeñan su alma por billete éste otro por qué no habría de hacer lo mismo.

Técnico supervisor de la FAP Víctor Ariza Mendoza trabajó en 2003 en la Agregaduría Militar de la Embajada del Perú en Santiago.

Dos explosivas noticias elevaron ayer la tensión política en las ya complejas relaciones peruano-chilenas. El hecho más grave se registró al final de la tarde, cuando el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea capturó a un militar de esa arma que espiaba para Chile. Más temprano, la Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa de los Estados Unidos reveló la intención del gobierno de Michelle Bachelet de adquirir misiles y radares nada menos que por US$665 millones. Cuando esto se dio a conocer, el presidente Alan García y el canciller José Antonio García Belaunde estaban en plena gira por el Asia y hoy precisamente se reunirán con la mandataria chilena en Singapur.

El espía, de 45 años –un técnico suboficial supervisor de la Fuerza Aérea identificado como Víctor Ariza Mendoza–, realizaba labores de espionaje a favor de Chile y fue descubierto por un equipo de Inteligencia de la FAP, que lo venía siguiendo desde hacía seis semanas, y fue capturado justo cuando intentaba captar a otro suboficial de la Fuerza Aérea. El militar –quien, según Radioprogramas del Perú, habría admitido su falta– prestó servicios en la Agregaduría Militar de la Embajada del Perú en Santiago, en el año 2003, y no se descarta que desde esa fecha se haya dedicado a vender información secreta.

Por ese trabajo habría estado cobrando entre US$5,000 y US$8,000 mensuales a través de una agencia de envío de remesas. Por estos hechos, el Ministerio Público –con conocimiento de las autoridades del Poder Ejecutivo– denunciaría en las próximas horas al técnico supervisor por la comisión del presunto delito de traición a la patria. El caso está en manos del fiscal Jorge Chávez Cotrina. De acuerdo con el artículo 140 de la Constitución, la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en el marco de una guerra externa, pero, como este no es el caso, el militar podría ser procesado por el delito de espionaje que, según el artículo 331 del Código Penal, está sancionado con una pena de cárcel no menor de 15 años ni mayor de 35.

Rolando Sousa, congresista y abogado penalista, explicó que el delito de espionaje se configura cuando una persona se apodera de algún secreto nacional en complicidad con una potencia extranjera. En esa línea, dijo que si se descubre que algún funcionario de otro país está involucrado en el hecho, también podría ser procesado –previa extradición– por inducción al delito de espionaje, que tiene la misma pena. Señaló que el caso debería ser visto en el fuero civil, pero no descartó la posibilidad de que se plantee una contienda de competencia si la información ha sido extraída de alguna institución militar.

SE SIGUE ARMANDO. Por otro lado, mientras la delegación peruana que encabeza la ministra de la Producción, Mercedes Aráoz, espera exponer, la próxima semana, ante la presidenta Michelle Bachelet, el planteamiento peruano sobre el Protocolo de Paz, Amistad y Cooperación para reducir el armamentismo en la región, ayer se conoció que Chile pretende comprar armas por US$665 millones de dólares.

La Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa (DSCA por sus siglas en inglés) envió al Congreso norteamericano tres notificaciones que dan cuenta del interés del vecino país del sur en adquirir 36 lanzadores Avenger y 390 misiles tierra-aire Stinger, con sus respectivos implementos, por US$445 millones. Asimismo, según la versión electrónica del diario La Tercera, el Gobierno chileno también pretende comprar 100 misiles aire-aire Amraam de mediano alcance, modelo AIM-120C-7, por US$145 millones, seis sistemas de radares Sentinel y seis sistemas de radio Sincgars por US$65 millones.

Sobre el particular, el ministro de Defensa de Chile, Francisco Vidal, confirmó la pretensión chilena y trató de justificar la adquisición manifestando que tanto el Ejército como la Fuerza Aérea Chilena “requieren renovar su sistema de defensa antiaérea, que se encuentra obsoleto”, y que –desde su punto de vista– no alterará el equilibrio militar básico en la región. Aunque no precisó el monto exacto que piensan emplear, dijo que las compras se harían por cifras “infinitamente inferiores” a los US$665 millones que ha informado la DSCA y que el proceso aún no está cerrado en su totalidad. Con este escenario, los mandatarios de Chile y del Perú se verán las caras esta noche en una reunión que sostendrán en Singapur –por iniciativa del presidente mexicano Felipe Calderón–, donde participan en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

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